Óscar Flores reporta reducción de la deuda por 2 mil 500 millones de pesos, ingresos por cerca de 362 mil millones y una inversión de 20 mil millones en obra pública; oposición cuestiona rezagos y falta de resultados para la población.
Toluca, Estado de México.— Las finanzas públicas del Estado de México enfrentaron el escrutinio de las distintas fuerzas políticas en el Congreso local. Mientras Morena y el PVEM defendieron el manejo responsable de los recursos durante la administración de Delfina Gómez Álvarez, las bancadas del PRI, PAN, MC y PRD cuestionaron que los indicadores financieros no se reflejen suficientemente en servicios de salud, rehabilitación de calles y carreteras, agua potable e infraestructura. El PT, por su parte, puso sobre la mesa la viabilidad de sostener los programas sociales sin nuevos impuestos ni contratación de deuda.
Durante la comparecencia del secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el debate se centró en una pregunta: ¿hasta dónde las finanzas sanas se traducen en beneficios tangibles para las familias mexiquenses?
Ante las y los integrantes de la LXII Legislatura, el funcionario informó que la deuda pública pasó de aproximadamente 62 mil millones a 59 mil millones de pesos, una reducción cercana a los 2 mil 500 millones, y aseguró que durante los tres primeros años de la actual administración no se han contratado nuevos adeudos. Estimó, además, que al cierre del sexenio la disminución podría acercarse a los 10 mil millones de pesos.
En materia de ingresos, reportó alrededor de 362 mil millones de pesos para el sector central y un fortalecimiento de la recaudación sin crear nuevos impuestos. Precisó que el impuesto sobre nómina generó 21 mil 541 millones de pesos, mientras que la tenencia vehicular aportó cerca de 12 mil millones.
El secretario también destacó que para 2026 se destinaron 21 mil millones de pesos a programas sociales y 133 mil millones a educación, además de un incremento de 21 por ciento en el presupuesto de salud y seguridad social respecto a 2023.
Sin embargo, los resultados financieros no evitaron los cuestionamientos sobre el ejercicio efectivo del gasto y la atención de las necesidades más urgentes de la población.
Desde Morena, la diputada Paola Jiménez Hernández destacó que el incremento de la recaudación permitió destinar cerca de 13 mil millones de pesos adicionales a programas sociales, sin elevar impuestos ni contratar deuda. También señaló que, de acuerdo con cifras del INEGI, 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza en los últimos dos años.
La legisladora pidió precisar las acciones de bacheo y rehabilitación de caminos, así como las medidas para mejorar los recorridos cotidianos del transporte público. En la misma línea, la diputada del PVEM Itzel Guadalupe Pérez Correa reconoció la reducción de la deuda, pero solicitó información sobre los resultados de las inversiones en infraestructura, la agilización de proyectos y la entrega de recursos a los municipios.
Desde el PT, el coordinador parlamentario Oscar González Yáñez planteó cómo se sostendrá la política de bienestar social sin incrementar impuestos ni recurrir a nuevos financiamientos. Propuso revisar las contribuciones de concesionarias de carreteras y empresas de telefonía, así como los contratos de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS). También pidió atender los rezagos en agua e infraestructura y fortalecer financieramente al ISSEMyM.
El PRI, a través del diputado Alejandro Castro Hernández, puso el acento en las deficiencias de los servicios de salud, el abasto de medicamentos y el mantenimiento de las instalaciones médicas, particularmente ante la transición al IMSS-Bienestar. También cuestionó el deterioro de calles, avenidas y carreteras, y exigió conocer cuánto del presupuesto de inversión se ha ejercido y qué porcentaje de las metas se ha cumplido.
Por el PAN, Rocío Alexia Dávila Sánchez demandó mayor transparencia sobre el costo de la deuda, los procesos de refinanciamiento y el destino de los recursos de los fideicomisos públicos. Advirtió que persisten rezagos en salud, seguridad, educación, infraestructura vial y agua potable.
El legislador de Movimiento Ciudadano, Martín Zepeda Hernández, cuestionó el avance del Plan Integral de la Zona Oriente y pidió resultados concretos para los 10 municipios contemplados, especialmente en movilidad, salud, agua y seguridad.
En tanto, la diputada del PRD Araceli Casasola Salazar reconoció la disminución de la deuda, pero advirtió que más del 70 por ciento de los ingresos estatales proviene de la Federación. Como ejemplo de las necesidades pendientes, señaló la falta de máquinas de hemodiálisis en Ixtapaluca y pidió aclarar los subejercicios presupuestales registrados en las dependencias estatales, así como las observaciones de los órganos fiscalizadores.
Al responder a las críticas, Flores Jiménez informó que cerca de 2 mil millones de pesos fueron reorientados en el presupuesto de 2026 a educación, salud y agua. Agregó que la inversión estatal destinada a los 125 municipios ascendió a 3 mil 89 millones de pesos, un incremento de 37 por ciento respecto a 2025.
En infraestructura y obra pública, reportó una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 6 mil millones se destinaron a vialidades.
Respecto al Plan Integral de la Zona Oriente, indicó que la inversión estimada aumentó de 77 mil a 110 mil millones de pesos y que las obras registran un avance físico de 47 por ciento. Explicó que el financiamiento se distribuye entre los gobiernos federal, estatal y municipales, con aportaciones de 60, 30 y 10 por ciento, respectivamente.
La comparecencia dejó expuestas dos posiciones: por un lado, el gobierno estatal sostiene que la disciplina financiera y el fortalecimiento de los ingresos permiten ampliar el gasto social y reducir los pasivos; por otro, distintas bancadas exigen que esos indicadores se traduzcan en resultados verificables en hospitales, caminos, servicios públicos y obras que mejoren la vida cotidiana de los mexiquenses.
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