Buscan liberar a personas procesadas sin perspectiva de género o con violaciones a derechos humanos.
Crearán comisión legislativa que podrá impulsar directamente solicitudes de libertad.
Congreso mexiquense se consolida como actor clave en procesos de amnistía.
Toluca, Estado de México.- En un paso que apunta a corregir fallas estructurales del sistema de justicia, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó reformas para ampliar los supuestos de amnistía, con énfasis en casos marcados por desigualdad, vulnerabilidad y violaciones a derechos humanos.
El dictamen —que integra propuestas del diputado Octavio Martínez Vargas (morena), la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez— plantea la creación de una Comisión Legislativa de Seguimiento a los casos de Amnistía, instancia que podrá promover o solicitar directamente el trámite para que personas privadas de la libertad recuperen su libertad.
Las reformas incorporan nuevos criterios para acceder a este beneficio, incluyendo a mujeres que no fueron juzgadas con perspectiva de género, así como a personas procesadas en condiciones de desventaja, asimetría o vulnerabilidad manifiesta.
También contempla casos donde existan resoluciones o recomendaciones de organismos de derechos humanos que acrediten violaciones al debido proceso.
Uno de los cambios más relevantes es que la nueva comisión legislativa tendrá la facultad de analizar casos emblemáticos y canalizarlos para su revisión, apoyándose en instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía estatal, el Poder Judicial y el Ejecutivo, además de organizaciones civiles y especialistas.
Asimismo, se fortalece el papel del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, que brindará asesoría, defensa legal y representación a las personas solicitantes de amnistía.
El proyecto también amplía el alcance del beneficio en casos relacionados con la interrupción del embarazo —incluyendo a quienes hayan brindado apoyo con consentimiento— y establece criterios más claros para personas mayores de 65 años con enfermedades graves debidamente diagnosticadas.
Legisladores de morena, PT, PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que estas reformas responden a un enfoque de justicia social. Subrayaron que no se trata de una amnistía indiscriminada, sino de un mecanismo para corregir errores del sistema penal sin afectar a las víctimas.
Durante el debate, se destacó que el Congreso mexiquense es actualmente el segundo espacio más relevante en la promoción de amnistías en la entidad. Datos del Poder Judicial indican que hasta noviembre de 2024 se habían otorgado más de 5 mil beneficios por distintas vías.
Además, se advirtió sobre la magnitud del problema: más del 36% de las personas privadas de la libertad en México no tienen sentencia, y en el Estado de México entre 10 mil y 12 mil personas permanecen bajo prisión preventiva oficiosa.
Las y los legisladores coincidieron en que esta reforma no solo busca liberar a personas injustamente encarceladas, sino también reducir la sobrepoblación penitenciaria y garantizar que el sistema de justicia actúe con equidad.
El dictamen será turnado al Pleno para su eventual aprobación.
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