Almoloya de Juárez, Méx.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la Controversia Constitucional que fue interpuesta por el ayuntamiento de Almoloya de Juárez en respuesta al drástico recorte de recursos por parte de la federación.
Así lo dio a conocer el Maestro en Derecho Efrén Sánchez López, quien aseguró que este hecho marca un precedente y es motivo de orgullo y dignidad para el municipio. Y es que Almoloya de Juárez se vio afectado cuando la federación redujo las participaciones para este año de 120 millones de pesos a sólo 27 millones, es decir un recorte del 78 por ciento.
“Con el recorte se aniquila la obra pública” sentenció el alcalde Efrén Sánchez, ya que muchas comunidades esperaban recursos del Ramo 33 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para la realización de obras de trascendencia social.
Informó que el municipio transfirió los 27 millones de pesos asignados, al programa Creando Soluciones para que mediante audiencias públicas se decida conjuntamente con la ciudadanía las obras en las que se destinarán esos recursos. Aunque reiteró que es insuficiente para realizar obra pública en 81 comunidades que conforman la demarcación, sobre todo porque este no es un municipio recaudatorio.
Al respecto, Sánchez López cuestionó el criterio para dicha disminución, que se basa en el nivel de pobreza que arroja el último censo del INEGI. Consideró que las fórmulas aplicadas por parte de ese instituto son deficientes, en virtud de que clasifica al municipio con un nivel de pobreza más bajo del que realmente existe.
“Proponemos que se revise a fondo el federalismo fiscal, sobre todo la Ley de Coordinación Fiscal, para que cuando se apliquen fórmulas distributoras de recursos sea de la mejor manera y con ello se beneficie a más a municipios como Almoloya de Juárez, que son de corte rural” sostuvo.
El principal gestor de este reclamo también sugirió que en el próximo censo de población del INEGI participe un representante de los gobiernos estatal y municipal, que validarían los datos firmando un acta circunstanciada.
Por lo pronto, un Ministro Instructor revisará la demanda y en caso de continuar corresponderá tanto al gobierno federal como al Instituto Nacional de Estadística y Geografía exponer sus argumentos ante la Corte. En breve, una comisión del municipio -entre ellos delegados de comunidades afectadas- presentará a través de una audiencia de oídas más elementos para fortalecer la queja.
El Ayuntamiento espera contar con una resolución judicial antes que concluya este año para que, en caso de que ésta sea favorable, sean restituidos los recursos a las futuras administraciones en beneficio de los almoloyajuarenses.
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