El Congreso del Estado de México fortaleció el marco legal en materia de seguridad, justicia y protección a víctimas durante el primer trimestre de 2026, mediante la aprobación de diversas reformas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta institucional frente al delito.
Entre los principales cambios, la LXII Legislatura amplió las facultades de la Secretaría de Seguridad y de las corporaciones policiales estatales y municipales para participar en la investigación de delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
Además, se reforzaron las mesas de paz como mecanismos de coordinación operativa. En materia de combate a la delincuencia, se expidió una nueva ley contra la extorsión, con énfasis en el “cobro de piso”, delito que ahora se perseguirá de oficio.
La reforma armoniza la legislación estatal con la normativa federal y contempla medidas para evitar que estos ilícitos se cometan desde centros penitenciarios, mediante el uso de tecnologías que inhiban las comunicaciones. Respecto a la procuración de justicia, se incorporó la figura de nulidad de juicio concluido para invalidar resoluciones obtenidas con fraude o pruebas falsas, y se autorizó la operación de tribunales de alzada unipersonales, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.
También se fortalecieron las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. En cuanto a la protección de víctimas, se creó el Juzgado LIBRE, especializado en la emisión de órdenes de protección en casos de violencia de género.
Asimismo, se tipificaron la violencia vicaria y la violencia digital, estableciendo sanciones y medidas inmediatas para salvaguardar a las personas afectadas.
Con estas reformas, el Congreso mexiquense busca consolidar un sistema más eficaz en seguridad pública, garantizar el acceso a la justicia y reforzar la protección de los derechos de las víctimas.
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