- La candidata independiente a la gubernatura mexiquense, afirmó que, para evitar que se sigan registrando casos como el del ex gobernador de Veracruz, propone la profesionalización y renovación de los cuerpos de procuración de justicia.
- Además, se contempla que los partidos políticos en los que militan los funcionarios que afecten las finanzas públicas con actos de corrupción, reparen el daño.
Toluca, Estado de México, abril 15 de 2017.- La candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, María Teresa Castell de Oro Palacios, reconoció la actuación del Gobierno de la República para lograr la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en delitos de corrupción, de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Delincuencia Organizada.
Sin embargo, aseveró que la omisión y, posterior, dilatación, con que fueron ejecutados los procesos de investigación y captura, muestran una seria falta de profesionalidad, así como negligencia para cumplir con la función pública, por parte de las autoridades encargadas de garantizar la efectiva procuración de justicia en México.
Señaló que, para evitar que estos casos continúen ocurriendo en el país, principalmente, en el Estado de México, en el gobierno ciudadano que propone, se contempla la profesionalización y renovación de los cuerpos de procuración de justicia, para que la aplicación de la ley sea pronta y expedita, así como elevar las penas para sancionar los actos de corrupción de los servidores públicos.
“Esto lo propongo con el fin de erradicar estos actos de corrupción en el ejercicio del quehacer gubernamental, para que no vuelva a ocurrir un caso más como los que se han presentado y que son un claro ejemplo de la putrefacción de los partidos y de los políticos que los integran”, afirmó.
Agregó que, al obtener el triunfo el próximo 4 de junio, trabajará para anclar la responsabilidad de estos funcionarios a los partidos políticos, con la intención de que cuando los gobernantes o legisladores que formen de sus filas y causen actos en detrimento de las finanzas públicas o del servicio público, sean los institutos políticos quienes reparen el daño por los desfalcos o daños que sus militantes ocasionen a la sociedad.
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