Nuevos lineamientos obligarán a juezas y jueces penales a informar y justificar retrasos; el objetivo es garantizar procesos dentro de un plazo razonable
TOLUCA, Estado de México, 14 de septiembre de 2026.- Que un proceso penal se prolongue indefinidamente no sólo significa un expediente pendiente: detrás hay personas que esperan justicia, familias que demandan respuestas y, en algunos casos, acusados que permanecen en prisión preventiva mientras su situación jurídica no se resuelve.
Para evitar que esas esperas se conviertan en procesos interminables, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México presentó a juezas y jueces en materia penal los nuevos Lineamientos sobre el Aviso y la Justificación de Demora en la Emisión de Sentencias, con los que se busca detectar oportunamente los retrasos, conocer sus causas y garantizar que los asuntos avancen dentro de los plazos constitucionales.
La presentación estuvo encabezada por la Magistrada Presidenta del TDJ, Maricela Reyes Hernández, quien dejó claro que el mecanismo no pretende convertir automáticamente cada demora en una falta administrativa, sino establecer un sistema de prevención, seguimiento y rendición de cuentas.
Durante la sesión, en la que participaron juzgadores de Control, Tribunal de Enjuiciamiento, sistema penal tradicional, adolescentes, ejecución penal y cateos, Reyes Hernández explicó que informar sobre una demora constituye una obligación derivada de la propia Constitución.
De acuerdo con el artículo 20, apartado B, fracción VII, los procesos penales deben resolverse dentro de determinados plazos: hasta cuatro meses cuando la pena máxima del delito no exceda de dos años y hasta un año cuando sea mayor.
Los nuevos lineamientos establecen el procedimiento para reportar aquellos asuntos que rebasen esos límites y determinar si existe una causa legítima que explique el retraso.
La Magistrada Presidenta subrayó que pueden presentarse circunstancias ajenas al control directo de quien juzga, como un amparo, la reposición de un procedimiento o alguna determinación de otra instancia. Por ello, explicó, lo fundamental será que exista comunicación
oportuna y documentación que permita acreditar las causas de la demora.
Incluso, planteó que el escenario ideal sería que estos mecanismos no deriven en procedimientos administrativos, pues ello significaría que las personas juzgadoras conocen las reglas, presentan sus avisos oportunamente y los asuntos reciben el seguimiento correspondiente.
Cinco días para explicar los retrasos
La Magistrada Nancy Flores Mendoza, integrante del TDJ, destacó que el mecanismo adquiere especial relevancia a partir de la reforma constitucional de 2024 y del derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Resumió el propósito de la nueva normativa en tres ejes: celeridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
En la parte práctica, el Magistrado Alejandro Jaime Gómez Sánchez explicó que el aviso deberá presentarse directamente por la persona juzgadora dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento del plazo constitucional.
El documento deberá contener los datos del expediente, órgano jurisdiccional, personas involucradas, delito, motivo de la demora y los documentos que respalden la explicación.
Posteriormente, la Secretaría de Acuerdos integrará el expediente, que será revisado por el auditor visitador en materia penal. Con base en ese análisis se elaborará una opinión técnica y el asunto será turnado a la comisión regional correspondiente.
Si la demora se encuentra justificada, podrán establecerse medidas para acelerar el procedimiento y solicitar informes periódicos sobre su avance.
En cambio, cuando no exista una explicación suficiente, el expediente podrá remitirse a la Unidad de Investigación para determinar si existe una posible responsabilidad administrativa.
El TDJ precisó así que el aviso de demora no representa una sanción automática, sino el inicio de un proceso institucional para conocer qué ocurrió, verificar las causas y, en su caso, corregir el retraso.
La aplicación de este mecanismo se dividirá en cuatro regiones: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec, cada una con una comisión integrada por tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
La Secretaria de Acuerdos del Pleno, Cristel Yunuen Pozas Serrano, explicó que la implementación será gradual.
En la presentación también participaron Italy Dessire Ciani Sotomayor, Directora General Jurídica y Consultiva; Juan Morales Nieves, Auditor Visitador en materia penal, y César Bulmaro Díaz Morán, Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales.
Con esta nueva normativa, el Poder Judicial mexiquense busca que los plazos de los procesos penales no queden sólo en el papel y que, cuando una sentencia se retrase, exista una explicación, seguimiento y responsabilidad institucional para evitar que la espera de justicia se prolongue indefinidamente.
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